El Senado de la República enfrenta una carrera a contrarreloj para aprobar en segunda lectura la reforma al Código Procesal Penal, presionado por una sentencia del Tribunal Constitucional que le da hasta diciembre para concluir el proceso legislativo. Si no lo hace, volvería a entrar en vigor el Código del 2002, considerado obsoleto y desfasado frente a las nuevas dinámicas del sistema judicial.
Sin embargo, más allá del plazo, el proyecto ha levantado una oleada de críticas desde el ámbito jurídico, con opiniones como la de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, o el abogado constitucionalista Nassef Perdomo, por supuestas inconsistencias con la Constitución y por un déficit de consenso previo.
Aunque el Senado asegura que escuchó a todos los sectores, los abogados expertos advierten que la versión aprobada en primera lectura podría realzar algunos errores que no harían práctico el oficio jurídico.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 25 del proyecto, que regula la interpretación de las normas procesales. En su redacción actual, el proyecto introduce la posibilidad de aplicar la “analogía” y la “interpretación extensiva” para favorecer no solo al imputado, sino también a otras partes del proceso.
El primer párrafo del referido artículo establece que “la analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado, así como el ejercicio de los derechos y facultades conferidos a las partes del proceso”.
En el código vigente, la analogía está establecida únicamente a favor del imputado, no para beneficiar los derechos de las otras partes del proceso, como dispuso el Senado en su aprobación en primera lectura.
Rompería el equilibrio
El abogado constitucionalista Nassef Perdomo advirtió que esta modificación contradice precedentes del Tribunal Constitucional y advirtió que la redacción actual permitiría que el Ministerio Público también se beneficie de la analogía, lo que rompería el equilibrio entre acusación y defensa, y desnaturalizaría el principio de que es el imputado, y no la víctima, quien enfrenta la pérdida de su libertad.
Si el artículo se queda tal como fue aprobado en primera lectura, Perdomo advirtió que se estaría inobservando dos sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en el 2019 y en el 2022, en las que se establece que “la prohibición de la analogía en perjuicio del imputado es una manifestación del principio de legalidad penal”.
Finjus advierte inconstitucionalidad
En ese mismo orden, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), alertó que varios artículos del texto aprobado en primera lectura “contradicen sentencias del Tribunal Constitucional”.
Entre ellos, mencionó precisamente la analogía como método de interpretación y la ampliación de los plazos procesales, que, a su juicio, podría convertir los juicios en procesos “prácticamente indefinidos”.
Castaños Guzmán consideró que el proyecto, de aprobarse tal como está, “podría ser objeto de una nueva acción de inconstitucionalidad”, repitiendo lo ocurrido con el nuevo Código Penal que, a su parecer, también contiene artículos que chocan con la Carta Magna.
También criticó que el proceso de discusión no haya sido lo suficientemente amplio. A su entender, la reforma al Código Procesal Penal debió involucrar no solo a los actores del sistema, como jueces, fiscales y defensores públicos, sino también a la academia, al Colegio de Abogados y a expertos independientes.
Recordó que la última gran reforma procesal fue producto de “cinco años de debates nacionales”, lo que contrasta con el ritmo acelerado del actual proyecto.
Ambos abogados, tanto Perdomo como Castaños Guzmán, también criticaron el aumento de los plazos en los procesos penales que, según explicaron, ahora quedan "indefinidos" con la reforma al procesal penal.
El Senado defiende el proceso
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió el trabajo de la comisión que estudia el proyecto, asegurando que ha sido “amplio, participativo y transparente”.
Afirmó que el texto fue reenviado a la comisión de Justicia antes de aprobarse en segunda lectura con el objetivo de revisar las observaciones de los distintos sectores, pero destacó que se recibieron aportes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensoría Pública y otros organismos del sistema judicial.
De los Santos insistió en que el Congreso trabaja con responsabilidad, pero recordó que el tiempo apremia ya que el plazo fatal vence en diciembre, y si no se aprueba a tiempo, el país tendría que volver a aplicar el Código de 2002.
El legislador recordó que la Constitución faculta al Congreso Nacional a conocer los proyectos de ley en dos lecturas. Indicó que la reforma ya fue aprobada en primera lectura y que la comisión presentará su informe final para proceder a la segunda discusión en los próximos días.
Lo nuevo del Código Procesal Penal
Entre las principales novedades del proyecto probado figura el artículo 27, que amplía los derechos de las víctimas, otorgándoles asistencia legal gratuita y la posibilidad de ser informadas de todo el proceso, incluso sin querella. Además, el artículo 86 permite que cualquier ciudadano se querelle en casos de violaciones de derechos humanos o delitos cometidos por funcionarios públicos.
El proyecto también incorpora el concepto de “reiteración delictiva” en el artículo 29, que limita el acceso a acuerdos o beneficios procesales para quienes tengan varias imputaciones o condenas previas.
En materia de coerción, el artículo 238 establece límites más claros a la prisión preventiva, prohibiendo su aplicación en adultos mayores de 75 años, embarazadas o enfermos terminales, salvo en casos excepcionales. Asimismo, el artículo 230 introduce los brazaletes electrónicos como una nueva medida alternativa para el control de imputados.
El artículo 243 dispone que las medidas de coerción sean revisadas cada tres meses, mientras que el artículo 41 redefine la suspensión condicional del procedimiento, aplicable solo a delitos con penas de hasta cinco años y sin antecedentes.
Con el plazo dispuesto por el Tribunal Constitucional para aprobar un nuevo Código Procesal Penal antes de diciembre, el Congreso se ve compelido a estudiar con prisa la nueva pieza.
