El caso SENASA se ha convertido en uno de los escándalos más importantes del año en la República Dominicana. La investigación gira en torno a una presunta red de corrupción que habría operado dentro de la ARS estatal, desviando recursos públicos destinados a la atención médica de millones de dominicanos.
Las autoridades afirman que se detectaron múltiples irregularidades administrativas y financieras, lo que motivó la apertura de un expediente formal.
Detenciones, allanamientos y una investigación creciente
La investigación ha sido catalogada como Operación Cobra, y hasta el momento ha generado:
- Detención de al menos ocho personas, entre exdirectores, exgerentes y proveedores vinculados.
- Solicitud de 18 meses de prisión preventiva para los imputados.
- Declaración del caso como de alta complejidad.
- Estimaciones preliminares que apuntan a un desfalco que podría superar los RD$15,000 millones.
Entre los detenidos figura el exdirector ejecutivo de SENASA, junto a otros exfuncionarios que manejaban áreas clave como autorizaciones, servicios médicos y gestión de proveedores.
Cómo operaba la presunta red de corrupción
Según las autoridades, la estructura fraudulenta operaba a través de:
- Pagos irregulares por servicios médicos no prestados.
- Autorizaciones falsas a prestadores privados.
- Manipulación de expedientes y documentación para justificar transacciones.
- La existencia de un “call center paralelo” que aprobaba servicios sin registros válidos en los sistemas oficiales.
Las auditorías revelan patrones consistentes y repetidos, lo que refuerza la tesis de una operación organizada y sostenida durante meses o años.
Reacción oficial y medidas adoptadas
El Gobierno ha declarado que SENASA debe actuar como actor civil, lo que permitiría buscar la recuperación de los fondos desviados.
También se ordenaron:
- Auditorías internas y externas ampliadas.
- Revisión de contratos con prestadores privados.
- Validación de autorizaciones emitidas en los últimos meses.
- Garantía pública de que los afiliados no perderán acceso a los servicios de salud.
Asimismo, abogados de los imputados han acusado a las autoridades de exagerar o politizar el caso, mientras aseguran que aún faltan más personas por investigar.
Qué falta por resolverse
En esta etapa, el caso está en:
- Fase de medida de coerción, donde se decidirá el tipo de prisión o régimen para los imputados.
- Profundización de auditorías, que podrían aumentar la cifra total del desfalco.
- Posibles nuevas detenciones, ya que la investigación sigue abierta.
- Determinación del impacto real sobre el presupuesto de salud y los afiliados.
Por qué este caso marca un antes y un después
El caso SENASA no es solo un escándalo administrativo:
toca directamente la credibilidad del sistema de salud público y la confianza de millones de ciudadanos. El manejo de esta investigación —y las consecuencias legales que se deriven— será un indicador del compromiso del país con la transparencia, la justicia y el correcto uso de los fondos públicos.
Galeos continuará dando seguimiento a cada avance importante.
